16. QUIJORNA: LA ALCALDESA VENDIÓ UNA ALAMEDA PROTEGIDA A UN CONSTRUCTOR Y LUEGO LA RECALIFICÓ
La
alcaldesa de Quijorna, Mercedes García, del PP, ha vendido a
Sanedi, una empresa del grupo San Román, una alameda de 3.750 m2
calificada por el actual ordenamiento del municipio (aprobado hace
cuatro años) como zona protegida por su valor ambiental. Pero en
el nuevo avance del plan general, la finca se recalifica y adquiere
edificabilidad. La regidora asegura que no ha aprovechado su cargo
político para beneficiarse con esta venta. El Ayuntamiento
adjudicó la redacción del avance del plan a Plarquin,
empresa de la que era socio Enrique Porto, ex director general de
Urbanismo. Quijorna, una localidad de 2.325 habitantes, sita a unos 35
kilómetros de Madrid, rodeada de montes preservados y de la Zona
de Especial Protección de Aves (ZEPA) de los Encinares de los
ríos Alberche y Cofio.Los
planes del actual equipo de gobierno pasan por una enorme
expansión urbanística del pueblo. El nuevo avance del
plan, todavía en tramitación, pretende llevar al
municipio a 60.000 habitantes y declarar urbanizable todo el suelo,
excepto las zonas intocables de la ZEPA y los montes preservados. El
planeamiento contempla recalificar 1.067 hectáreas, el 40% del
término municipal. "Pero en un espacio de entre 20 y 25
años", aclara la alcaldesa de la localidad.
Estos
planes multiplican por 11 el suelo declarado urbanizable, cuyas normas
fueron aprobadas hace sólo 4 años. Dentro de las zonas
protegidas que pasarán a computar como suelo edificable, se
encuentran varias fincas situadas en medio de una alameda. Están
calificadas como espacios singulares, carrizales y espacios catalogados
de especial protección de cauces y riberas. Una de ellas, la
parcela número 286, situada en el polígono 3,
pertenecía a la actual alcaldesa y a su marido, hasta que
vendieron a la promotora Sanedi (perteneciente al grupo de Fidel San
Román, vinculado a la Operación Malaya) por 270.455
€, 4 veces más de lo que se paga normalmente por un espacio
como éste, donde no se puede construir. (29/09/06)
17. SAN LORENZO DEL ESCORIAL: LA DECLARACIÓN DE PORTO EN UN JUICIO DONDE TENÍA INTERESES BENEFICIA AL ALCALDE DE SAN LORENZO
El
ex director de Urbanismo de la Comunidad declaró como testigo en
junio de 2005 en un juicio contra José Luis Fernández
Quejo, del PP, ex alcalde de San Lorenzo de El Escorial, por un
supuesto delito urbanístico y descalificó a uno de los
técnicos de su propio departamento que firmaron un informe que
declaraba nulas dos licencias urbanísticas. El alcalde fue
posteriormente absuelto. Este Ayuntamiento adjudicó a la empresa
Plarquin, de la que Porto fue socio hasta 2003, el desarrollo
urbanístico de Monesterio, un proyecto de construcción de
miles de casas y un gran centro comercial en San Lorenzo.
La
declaración de Porto ante la Sección Cuarta de la
Audiencia Provincial fue providencial para el alcalde y los otros cinco
ediles acusados en ese proceso. El ex director de Urbanismo
compareció como testigo de tres abogados de los acusados. Su
testimonio desbarató en parte la principal prueba de cargo que
tenía el fiscal de Urbanismo de Madrid, Emilio Valerio. En el
juicio, Porto desacreditó el informe. Señaló que
el Departamento de Inspección Urbanística, del que
había partido este informe incriminatorio, estaba bajo su
responsabilidad. Fuentes judiciales entienden llamativo que estas
manifestaciones las hiciera el ya ex director de Urbanismo de Madrid
como "testigo de la defensa" y que fuese la empresa Plarquin la que
resultase adjudicataria, en mayo de 2004, del diseño del
desarrollo urbanístico de Monesterio, un complejo
urbanístico sito a 5 km. del casco urbano de San Lorenzo para
18.000 personas. (06/10/06)
18.
LOS MOLINOS: LA CONSEJERÍA DE URBANISMO PERMITE LEVANTAR 1.000
CASAS EN ZONA DE TRANSICIÓN DEL PARQUE NACIONAL
La
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
ha suspendido el plan general de Los Molinos, vigente desde 1969, y ha
redactado unas normas de ordenación transitorias que recalifican
41 hectáreas para la construcción de 1.045 viviendas en
la zona de transición del futuro parque nacional del Guadarrama.
En ellas vivirán más de 3.000 vecinos, que
permitirán que Los Molinos casi duplique su población
actual. La consejería declara además como suelo urbano
consolidado las cerca de 400 hectáreas existentes entre el casco
urbano y las urbanizaciones periféricas, donde hay grandes
bolsas de suelo sin edificar. La orden de la consejería, en
información pública hasta el próximo 22 de enero,
insta también al Ayuntamiento de Los Molinos, del PP, a que
revise el planeamiento antes de dos años. (14/01/06)
19. MORALZARZAL EL
AYUNTAMIENTO INSISTE EN URBANIZAR LA FINCA CUYA RECALIFICACIÓN
HA SIDO RECHAZADA EN TRES OCASIONES POR LA COMUNIDAD
A
pesar de que la Comunidad de Madrid ha rechazado el proyecto en tres
ocasiones, el Ayuntamiento de Moralzarzal persiste en su intento de
urbanizar esta zona alejada cinco kilómetros al norte del casco
urbano principal, como si en ello le fuera la vida. El anterior
Gobierno regional, presidido por Alberto Ruiz Gallardón, lo
declaró en dos ocasiones como suelo no urbanizable de especial
protección ambiental, y así figura en las normas de
planeamiento vigentes desde hace tres años. y en la presente
legislatura, en 2004, los técnicos regionales de medio ambiente
volvieron a rechazarlo al desestimar el avance del plan general, en el
que esa zona volvía a ser incluida como urbanizable. Este avance
fue elaborado por Plarquin Consultores, sociedad dirigida por el ex
director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, Enrique Porto.
Como
por sí solo el ámbito no se puede tramitar a
través de una modificación puntual, el Ayuntamiento ha
vuelto a aprobar un nuevo avance del plan general para intentar
"colarlo" de nuevo. De salir adelante la nueva propuesta se
reduciría el número de viviendas, de las iniciales 2.672
a 1.480, y en lugar de 1.049 protegidas se edificarían 880 (de
las que 740 serían en alquiler con opción a compra),
quedando 592 libres (222 pareados y 370 en bloques de dos alturas).
No
queda aquí la cosa. Además, el concejal de Hacienda y
Redes e Infraestructuras de Moralzarzal y portavoz del Partido Popular,
Javier Martín Pascual, posee, junto a su esposa, María
del Carmen Charro Huerga, dos promotoras inmobiliarias, Martin Huerga y
Construcciones Plaza 4. Tras ser nombrado edil en Junio de 2003, tanto
él como su esposa mantuvieron la administración de la
primera, pero no sobre la segunda que fue delegada en sus hijas,
según consta en el Registro Mercantil de Madrid. (26/04/06)
20. AYUNTAMIENTO DE MADRID: UN EX CONCEJAL DE URBANISMO SE QUITA LA CARETA Y SE PASA AL LADRILLO
El
concejal de Vivienda del PP Sigfrido Herráez abandonó el
Ayuntamiento de Madrid el 26 de septiembre pasado y, una semana
más tarde, fichó como vicepresidente en una constructora.
Este fichaje escandalizó a todos los grupos políticos,
incluido el PP, aunque admitieron que legalmente no había
incompatibilidad alguna. Un rastreo en las actividades de la
constructora Rayet, en la que ahora trabaja Herráez, y en las
empresas de su esposa, dedicadas a la construcción, demuestra
que en la vida pública y privada del ex concejal hay un
importante denominador común: el ladrillo.
Rayet
está construyendo dos proyectos en el Ensanche de Vallecas, una
zona que fue directamente administrada por Herráez como
concejal, y su esposa acaba de lograr la adjudicación de otro
hospital en Vallecas, que sufraga la Comunidad de Madrid, del PP. Rayet
SA está levantando el edificio más emblemático del
Ensanche de Vallecas: el hospital de la Fundación Proyecto
Alzheimer. Sigfrido Herráez (de profesión arquitecto)
presidió la junta de compensación del Ensanche de
Vallecas.
Esperanza
Aguirre ha sido muy comprensiva en el asunto Herráez, Aguirre le
prestó su apoyo: "En el futuro, si quiere volver a la
política, tendrá un sitio". Entre Esperanza Aguirre y el
matrimonio Herráez ha habido al menos otro punto de
conexión en el pasado. En julio de 2003, el entonces concejal (a
través de su empresa Arquitectura y Cultura SL) y su esposa
María Gálvez (a través de Bimost SL) habían
comprado al constructor del PP Francisco Bravo 52.700 m2 en
Móstoles. Bravo admitió haber ayudado al tránsfuga
Eduardo Tamayo en la huida que impidió que Rafael Simancas se
alzara con la presidencia de la Comunidad de Madrid y facilitó
que ésta fuera para Esperanza Aguirre tras repetir las
elecciones. (2005)
21. POZUELO DE ALARCÓN: EL PELUQUERO DE AZNAR TAMBIÉN SE PASA AL LADRILLO
Pedro Romero
Aguilar, peluquero del ex presidente del Gobierno, José
María Aznar y adjudicatario de la explotación del campo
de golf de Pozuelo de Alarcón, ha desarrollado en los
últimos años una importante carrera empresarial. La
trayectoria profesional de Pedro Romero Aguilar ha pasado de gestionar
cinco peluquerías en Madrid a dirigir un complejo grupo de
empresas. La relación de Romero con José María
Aznar arrancó en 1995 cuando el ex presidente del Gobierno era
líder de la oposición. El peluquero comenzó su
carrera inmobiliaria en el año 2000 con la sociedad PRA
Interglobe, donde se alió con el hotelero Rafael
Santamaría Trigo.
El
concurso para la explotación del campo de golf de Pozuelo de
Alarcón ha sido adjudicado a Play Golf Gestión, en la que
figuran como socios Juana Fernández (esposa de Romero),
José Luis Sanz Arribas y Pedro Iván Romero, hijo del
peluquero. Según datos del registro mercantil, el matrimonio
Romero-Fernández y sus hijos aparecen en 14 sociedades, que
tienen un capital social superior a los 10 millones de €, unos
1.600 millones de pesetas.
Pedro Romero
Aguilar se ha asociado con varios constructores para realizar
operaciones urbanísticas en las localidades de Alcorcón y
Arroyomolinos, con un gran desarrollo urbanístico en los
próximos años. Pedro Romero fue el que puso en contacto
al ex presidente con el golfista Manuel Piñero. A su vez,
Piñero presentó al matrimonio Aznar a Germán
Garrido, que les ha dado clases en el Club de Campo de Madrid. (2005)
22. VALDEMORO: INCENDIAN UN COCHE DE UNA CONSTRUCTORA QUE USABA EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA
La
investigación del incendio intencionado que calcinó un
vehículo que usaba el consejero de Presidencia de Esperanza
Aguirre, Francisco Granados, ha descubierto que el coche estaba a
nombre de una constructora de Valdemoro, Grandes Locales de Negocios.
Granados fue alcalde de esa localidad hasta 2003, cuando entró a
formar parte del Gobierno de Esperanza Aguirre como consejero de
Transportes e Infraestructuras. Ahora es el titular de Presidencia.
Además, fue elegido secretario general del PP de Madrid hace
casi dos años. (25/10/06)
23. BRUSELAS EXPEDIENTA A ESPAÑA POR LA NUEVA LEY URBANÍSTICA DE ESTA COMUNIDAD
Por todo ello, Bruselas ha dado un duro varapalo a
la Generalitat Valenciana con el urbanismo como protagonista. La UE
reclama ahora la modificación de la Ley Urbanística
Valenciana, aprobada a finales de 2005 precisamente para adaptar el
sistema urbanístico valenciano a la legislación
comunitaria y para sustituir a la Ley Reguladora de la Actividad
Urbanística, también censurada en Bruselas. Y todo por la
misma razón: la violación de las normas de
contratación pública. La Comisión amenaza con
llevar el caso a los tribunales si no recibe una "respuesta
satisfactoria" en dos meses. Bruselas lanzó una nueva
advertencia contra España, al exigirle que modifique la ley
Urbanística Valenciana (LUV), ilegal a ojos de la
Comisión Europea, por no respetar las leyes de
contratación pública. Mediante un "dictamen motivado
suplementario", el Ejecutivo comunitario pidió a España
que adapte la legislación urbanística valenciana a la
europea, y amenazó con llevar el caso ante los tribunales
europeos si no obtiene una "respuesta satisfactoria" en dos meses.
Es
el segundo paso de un procedimiento de infracción abierto el
pasado abril contra la LUV, que entró en vigor el pasado febrero
y que sustituye a su vez a la Ley Reguladora de la Actividad
Urbanística (LRAU) de 1994, también cuestionada por
Bruselas. Las autoridades comunitarias consideran que esas leyes violan
las normas europeas. En concreto, consideran contrarios a las reglas
del mercado interior los anuncios de los concursos de obras
públicas, los procedimientos de adjudicación de los
Programas de Actuación Integrada (PAI) a los agentes
urbanizadores (promotores privados que pueden actuar con capacidades de
la Administración pública), así como la
posibilidad de modificar las condiciones de los contratos en el momento
de la adjudicación o incluso durante su ejecución. (05/04/06)
24. ALCALDES VALENCIANOS PLANEAN URBANIZAR CASI 200 MILLONES DE M2
La
mesa del consejero de Territorio de la Generalitat valenciana acumula
solicitudes municipales para reclasificar 194,5 millones de m2
de suelo que actualmente están fuera de ordenación. Una
superficie que equivale al doble de la que ocupa la ciudad de
Barcelona, que tiene una extensión de 100 km2. De los 542 ayuntamientos valencianos, 123 aspiran a recalificar de suelo rústico a urbanizable 67,2 millones de m2 en la provincia de Valencia, 68 millones en la de Castellón y otros 59,3 millones en la de Alicante.
Francisco
Camps sabía de sobra cuál era el talón de Aquiles
de su Gobierno cuando en junio decidió colocar al frente de la
Consejería de Territorio a Esteban González Pons, una
persona de confianza, en sustitución de Rafael Blasco. Todas las
encuestas coincidían en señalar que la gestión del
Gobierno valenciano en urbanismo y ordenación del territorio
era, con diferencia, la peor valorada por los ciudadanos. Un sondeo del
Instituto Opina de octubre de 2005 confirmaba que el 28,5% de los
encuestados aseguraba que la política del Ejecutivo regional en
esta área era mala, frente a un 18,5% que la consideraba buena.
Un año después empeoró. Para el 36% de los
ciudadanos, la gestión del territorio seguía siendo mala.
La
imagen tan negativa es el resultado de la suma de numerosos factores
que incluyen desde presuntos casos de corrupción que afectan a
los alcaldes de Orihuela y Torrevieja hasta megaproyectos
urbanísticos como el plan Rabassa de Alicante, que supone la
construcción de 15.000 viviendas que habitarán 45.000
personas en 10 años y que supondrá un incremento del 15%
de la población.
Pero
sobre todo, es el resultado de la feroz crítica del Parlamento
Europeo a un modelo de crecimiento del territorio. Las quejas de 15.000
ciudadanos afectados por la aplicación de la legislación
urbanística valenciana llenaron los despachos de la
Eurocámara, que envió dos misiones de eurodiputados a la
Comunidad Valenciana para concluir, en un informe aprobado por el pleno
de la Cámara el año pasado, que la Ley Reguladora de la
Actividad Urbanística (LRAU) vulneraba los derechos de los
pequeños propietarios. El Consell de Camps intentó
remediar el rapapolvo europeo con la aprobación de una nueva ley
en la que aseguraba que corregiría los vicios de la anterior,
pero la Ley Urbanística Valenciana (LUV) no pasó el
examen. La Comisión Europea dio hace dos semanas un nuevo
ultimátum a la Generalitat para que cambie la LUV y la adapte a
las directivas europeas sobre contratación pública, de
modo que se garanticen el control administrativo y la transparencia en
la gestión urbanística. De hecho, decenas de municipios
presentaron PAI a toda prisa antes del pasado febrero, cuando
entró en vigor la LUV.
25. AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN: LA MUJER DEL EX ALCALDE BENEFICIADA POR UNA RECALIFICIÓN DE TERRENOS
Justo
un día antes de que entrara en vigor la nueva Ley
Urbanística Valenciana (LUV), el PP de Castellón
aprobó una serie de actos urbanísticos en una zona en la
que la esposa del ex alcalde de la ciudad, José Luis Gimeno,
tiene dos solares. La oposición denunció la
operación en el salón de plenos y cuestionó que el
PP priorice un sector urbanístico que incluye propiedades de la
mujer del ex alcalde de Castellón. "Parece que este
trámite es una huida para que quien pueda se escape de la nueva
ley. ¿Y por qué se ha priorizado este sector? Pues
resulta que en este sector 13 hay terrenos propiedad del anterior
alcalde", aseguraron.
Antes
de aquella maniobra, las dos parcelas de la esposa del ex alcalde,
María Nieves Serrano, tenían la calificación de no
urbanizable y un coste económico que aún no se
había revalorizado. Actualmente, el ex alcalde de
Castellón del PP, José Luis Gimeno, compatibiliza
actividades privadas y publicas. Es socio de una mercantil de la
construcción, Grupo Gimeno, adjudicatario habitual del
Ayuntamiento de Castellón. Paralelamente, Gimeno es
también consejero de la empresa pública Gumsa, una
sociedad gestora de promociones urbanísticas en
Castellón. La función de esta gestora municipal es
promover y gestionar el suelo con actuaciones urbanísticas en
zonas poco atrayentes para las empresas privadas. (01/02/06)
26. BURRIANA: LA RECALIFICACIÓN MASIVA DE SUELO EN LA COSTA DE CASTELLÓN ABRE UNA CRISIS EN EL PP
El
alcalde de Burriana (Castellón), Alfonso Ferrada, del PP,
aprobó en enero la adjudicación del desarrollo
urbanístico de 700.000 m2 en una franja
próxima a la costa del municipio, pese a la existencia de un
informe técnico jurídico, firmado por cuatro
funcionarios, contrario a dicha adjudicación. Distintas empresas
inmobiliarias compraron suelo rústico hasta 6 meses antes de
recalificarse los terrenos. La operación urbanística ha
suscitado una crisis en el PP y ha obligado a intervenir al presidente
provincial, Carlos Fabra.
El
alcalde de Burriana no escondió su empeño en adjudicar el
programa a Corporación Inmobiliaria Albia, SA, una empresa que
hasta seis meses antes había estado adquiriendo terrenos
rústicos en una zona que, con la aprobación del programa,
se recalificaría como urbanizable. Ferrada desmintió la
existencia de un "pelotazo" y en su día aseguró que
había conocido a los socios de Corporación Inmobiliaria
Albia el mismo día que presentaron su propuesta
urbanística en el Ayuntamiento.
En
cualquier caso, la decisión del alcalde ha provocado una crisis
en la que ha tenido que intervenir el presidente provincial del PP,
Carlos Fabra, ya que los populares gobiernan en el municipio con una
diferencia de un solo concejal y el grupo se había fragmentado
de forma notoria. Según el expediente, el valor de los terrenos
a urbanizar, una vez conocida la intención del Ayuntamiento de
apoyar el desarrollo aunque el suelo aún no estuviera
recalificado, se multiplicó por seis. Además, la
adjudicación de la urbanización ha estado plagada de
irregularidades. En cualquier caso, sobre la misma aún
está pendiente el visto bueno de la Generalitat valenciana, con
competencias sobre materia urbanística, que ha de aprobar
definitivamente el proyecto. (28/09/06)
27. OROPESA: EL CONCEJAL DE URBANISMO DE OROPESA PAGÓ PARTE DE UNA PARCELA CON DINERO NEGRO
El
concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Oropesa, Tomás
Fabregat (PP), adquirió en el año 2000, tres años
antes de ser elegido edil, cinco parcelas en el municipio. La compra de
una de ellas desencadenó el inicio de un litigio judicial sobre
la titularidad de la misma, por lo que fue llamado a declarar, en
calidad de testigo, en la instrucción de las diligencias
abiertas por la querella que presentó un vecino que la
reclamaba.
En
su declaración ante el juez, que tuvo lugar en julio de 2003,
según consta en el acta, Fabregat dijo haber pagado parte de la
finca "en dinero negro".
Según
indica el documento que recoge su testimonio, este dijo que
"entregó a cambio de la finca un millón de pesetas y,
aparte, 500.000 en dinero negro". El edil aseguró no recordar
los términos utilizados en su declaración ni por
qué habló de "dinero negro" ya que ha "cumplido con
Hacienda" y con sus "declaraciones patrimoniales". La
declaración ante el juez tuvo lugar un mes después de que
Fabregat tomara posesión como concejal de Urbanismo de Oropesa,
aunque hacía referencia a una operación realizada tres
años antes. Entonces, en 2000, Fabregat, junto a su esposa,
adquirió cinco pequeñas parcelas entre los meses de junio
y septiembre, por las que desembolsó, según figura en el
registro de la propiedad, algo más de 75.000 €. La
superficie total de las cinco fincas asciende a 11.811 m2, lo que supone que las compró a un precio medio de 6,3 €.
En
octubre, entre uno y cuatro meses después de su
adquisición, el ahora edil y su esposa firmaron un contrato de
compraventa con Construcciones Castellón 2000, del grupo Marina
d'Or, que preside Jesús Ger, por el que vendía las cinco
fincas por un precio total de 567.905 €, es decir, por alrededor
de 48 €/m2, lo que reportó a Fabregat y a su
esposa un beneficio de 492.000 €. Pese a que la operación
de compraventa se efectuó en 2000, la inscripción
pública de la misma no se realizó hasta mayo de 2003, un
mes antes de que se celebraran las elecciones municipales en las que
salió elegido el edil. Fabregat admitió la alta
rentabilidad de la operación aunque sostuvo que "el precio lo
marca el mercado y esa es una zona que se ha revalorizado mucho", pese
a que se trata de fincas rústicas que en el Plan General de
Ordenación Urbana aparecen calificadas como "agrícola
protegido". (28/03/06)
28. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE: ABREN DILIGENCIAS CONTRA ALPERI POR SUPUESTO TRATO DE FAVOR AL CONSTRUCTOR ENRIQUE ORTIZ
El
titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Alicante,
Jesús Gómez Angulo, ha abierto diligencias previas por la
denuncia del fiscal Anticorrupción contra el alcalde de
Alicante, Luis Díaz Alperi, y los ediles de Urbanismo y
Tráfico, Sonia Castedo y Luis Concepción,
respectivamente, por el presunto trato de favor al empresario Enrique
Ortiz en la contratación de tres aparcamientos, según
confirmaron fuentes del Palacio de Justicia. El magistrado ha incoado
las diligencias número 4.600 y prepara la notificación de
la causa a los cinco denunciados, que son el alcalde, los dos ediles,
el técnico de Tráfico Antonio Escobedo y el representante
legal de la mercantil Ortiz e Hijos. Según la Fiscalía,
los hechos pueden ser constitutivos de los delitos de
prevaricación, tráfico de influencias, falsedad,
malversación de fondos públicos y apropiación
indebida. El fiscal Felipe Briones inició la
investigación a instancias de una denuncia del dirigente vecinal
José Luis Valdés por supuestas irregularidades en el
contrato de adjudicación de los aparcamientos
subterráneos de Padre Esplá, Catedrático Soler y
Hermanos López de Osaba. Según el fiscal, las
irregularidades han causado un quebranto económico a las arcas
municipales estimado en 2.268.060 euros al menos.
Felipe
Briones advirtió en su denuncia que existió un concierto
entre el alcalde y los ediles de Urbanismo y Tráfico para
conferir a Ortiz mejoras respecto al contrato inicial después de
que dos técnicos informaran en contra de ellas. Para ello,
“se decidió dejar sin resolver la denegación de las
modificaciones” y “sustituir el órgano
gestor”, trasladando el expediente a la Concejalía de
Tráfico. El nuevo funcionario “en cumplimiento de
instrucciones verbales de su concejal emitió un informe”,
“proponiendo compensaciones a Ortiz por la aparición de
necesidades nuevas y circunstancias imprevistas”, según el
fiscal. (22/09/06)
29. BENIDORM: 15 HOTELES DE BENIDORM SUPERAN EL VOLUMEN EDIFICABLE CON PERMISO DE LA GENERALITAT
El
portavoz del PP en el Congreso y ex alcalde de Benidorm, Eduardo
Zaplana, benefició a los hoteles de esa ciudad en su etapa como
presidente de la Generalitat valenciana. Zaplana otorgó en 2001
a ese municipio bonificaciones urbanísticas a través de
una modificación puntual del plan general que permitió a
ciertos establecimientos turísticos exceder la edificabilidad
prevista hasta en un 40%. A la medida, que se denominó premio hotelero,
se acogió una quincena de hoteles con el compromiso verbal de
aportar a cambio al Ayuntamiento unas compensaciones en solares que no
se han producido.
Cuando
Zaplana, que había llegado a la alcaldía de Benidorm
gracias al voto de una tránsfuga, accedió a la
Generalitat, quiso dar un impulso al sector turístico con
iniciativas como el parque Terra Mítica. Desde la presidencia
del Gobierno valenciano planteó a los empresarios agrupados en
la patronal Hosbec la necesidad de renovar la planta hotelera para
crear complejos de cuatro y cinco estrellas, reconvirtiendo los que
tenían dos y tres.
El
proyecto fue acogido de forma entusiasta por los empresarios y por su
sucesor en la alcaldía, Vicente Pérez Devesa. Algunos
municipios como Benidorm o las localidades vecinas de La Vila Joiosa y
L'Alfàs del Pi (en aquel momento gobernadas por la izquierda) se
dejaron llevar por el ímpetu constructor hotelero e introdujeron
apartados en los planeamientos que entonces redactaban para permitir
que estas industrias tuvieran todas las facilidades.
Fuentes
del departamento de Urbanismo explican que el anterior alcalde, Vicente
Pérez Devesa, llegó a plantear en 2005 una propuesta a la
actual Consejería de Territorio para que los hoteleros compraran
parcelas de Serra Gelada, un paraje del municipio, y las cedieran al
parque natural. Cinco años después y con los hoteles a
pleno funcionamiento, el municipio no ha obtenido los beneficios
prometidos. (04/08/06)
30. ORIHUELA: LA JUEZ ADMITE LA DENUNCIA DEL 'CASO ORIHUELA' Y PIDE AL FISCAL QUE PROPONGA LAS PRUEBAS A PRACTICAR
La
titular del Juzgado nº 4 de Orihuela ha admitido la denuncia de la
Fiscalía Anticorrupción de Alicante por 30 supuestos
hechos delictivos por la gestión urbanística y contable
en el Consistorio oriolano del PP. La magistrada ha comunicado su
decisión al fiscal para que este presente el escrito de
proposición de pruebas. Los denunciados son el alcalde, cuatro
concejales, tres asesores, el secretario, cuatro promotores y la firma
Necso. Mientras, la Comisión de Hacienda ha suspendido
indefinidamente la nueva contrata de basuras en espera de tres informes
externos. La titular del Juzgado nº 4, Lidia Mª Paloma
Montaño, rechazó inicialmente la competencia del caso e
impugnó el reparto del Decanato de los Juzgados de Orihuela.
El
fiscal remitió el escrito el pasado día 14 y el Decanato
asignó el caso a la oficina de Montaño dos días
después. La magistrada consideró que la denuncia del
fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, era una ampliación
de una causa abierta en el Juzgado número 6 sobre uno de los
puntos incluidos en el escrito del ministerio público y, por
tanto, que era esa oficina competente. El Decanato rechazó el
recurso de la juez y mantiene que, por reparto, su oficina es la que
tiene que instruir la denuncia de la Fiscalía
Anticorrupción. Acto seguido, la magistrada acordó la
admisión de la misma y dio traslado de su decisión al
ministerio público para que presente el escrito de
proposición de pruebas. El fiscal acusa a los denunciados de los
supuestos delitos de malversación, falsedad, tráfico de
influencias y prevaricación.
Pero
José Manuel Medina da para mucho más: Un nuevo
capítulo en el caso de irregularidades urbanísticas se ha
registrado en el municipio de Orihuela, gobernado por el PP. En esta
ocasión, ha sido la conselleria de Territorio y Vivienda, quien
ha decidido abrir un expediente “informativo” sobre la
reclasificación de unos terrenos protegidos en el paraje de Las
Asomadas. La institución pública quiere comprobar si se
han cumplido todas las condiciones que desde la Comisión
Territorial de Urbanismo (CTU) y la propia conselleria exigieron para
la aprobación del proyecto urbanístico en esta zona.
Actualmente José Manuel Medina, alcalde de Orihuela, del PP, es imputado por los delitos de cohecho y tráfico de influencia.
Los presuntos delitos están derivados de su uso privado de
bienes de promotores y de la adjudicación ilegal de tres
programas urbanísticos. Estos planes de urbanismo, según
la Fiscalía Anticorrupción, han sido desarrollados en
zonas donde no se podían llevar a cabo, como es el caso de
huertas protegidas. Además, estas adjudicaciones incluyeron
recalificaciones de suelo, no justificadas para el Ministerio
Público. Precisamente, esas recalificaciones son las que van a
investigar la conselleria de Territorio y Vivienda para comprobar si se
cumplieron todas las condiciones exigidas para su aprobación.
Sin embargo, en la práctica, el alcalde Medina ha permitido
edificar en esos 373.943 m2 de suelo que estaba protegido. (29/03/06)
31. TORREVIEJA: EL FISCAL PIDE AL JUEZ QUE INVESTIGUE LAS CUENTAS DEL ALCALDE
El
fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, ha solicitado
al juez que investigue los movimientos bancarios del alcalde de
Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo, del PP, desde
2000. En esa fecha, el primer edil adquirió una finca
rústica en Almoradí por 180.000 € y, dos años
más tarde, la revendió por 5,4 millones de €. La
petición de los extractos bancarios de Hernández Mateo se
incluye en la batería de nuevas pruebas que el ministerio
público ha trasladado al titular del Juzgado nº 4 de
Torrevieja.
La
acusación pública también plantea al juez que
solicite a las Cortes Valencianas un certificado de los pagos
efectuados por esa institución a Hernández Mateo por su
condición de diputado autonómico. El fiscal cierra el
apartado de nuevas pruebas documentales con la petición de un
justificante de los gastos de explotación de la mencionada finca
rústica -18 hectáreas de suelo en la localidad de
Almoradí-. Hernández Mateo aseguró que
compró los terrenos para poner en marcha una explotación
agrícola, "y criar perros". A parte, el ministerio
público propone al juez instructor que tome declaración,
en calidad de testigos, los representantes legales de la mercantil Eden
del Mar, firma a la que el alcalde vendió la finca. Esta
promotora ha sido beneficiada con adjudicaciones urbanísticas en
Torrevieja.
Este
no es el único capítulo turbio de este alcalde: A
raíz de la lectura y análisis de las correspondientes
escrituras, se ha conocido que el mismo día que el alcalde,
Pedro Ángel Hernández Mateo, vendió una finca de
Almoradí a la empresa Edén del Mar, SL, esta
adquirió otra en San Miguel de Salinas al propio regidor.
Además,
la finca que Edén del Mar vendió al alcalde en San Miguel
de Salinas fue adquirida por esta empresa "solo 18 días antes"
de formalizar la operación de venta al dirigente popular.
Demasiada casualidad, ya que la misma empresa fue también la que
compró al alcalde la finca en Almoradí que el primer edil
había adquirido por 180.000 € dos años antes.
Edén del Mar pagó por estos terrenos 5,4 millones de
€. Es curioso que si entre las dos fincas sólo hay una
separación de tres kilómetros de distancia el alcalde
venda a 4.000 pesetas/m2 a Eden del Mar y esta empresa adquiera a 1.500 pesetas el metro".
El
fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones,
detectó hace un año "indicios de delito" en la
operación de compra-venta de una finca por parte del alcalde de
Torrevieja que le reportó una ganancia de 5,2 millones de
€. El fiscal remitió al juzgado de Torrevieja la denuncia
presentada por el grupo de Esquerra Unida (EU) contra el alcalde para
que abra una investigación. En la denuncia, EU imputaba al
alcalde los supuestos delitos de tráfico de influencias y
cohecho. EU presentó la denuncia a la Fiscalía
Anticorrupción contra Hernández Mateo, tras trascender a
la opinión pública que el primer edil de Torrevieja
ganó 5,2 millones en la operación de compra-venta de una
finca en la vecina localidad de Almoradí.
El
alcalde compró en 2000 tres parcelas rústicas -en total
18 hectáreas de suelo rústico- por 180.000 €. Dos
años más tarde, el primer edil vendió el terreno
por 5,4 millones de €. La oposición denunció que
Hernández Mateo adquirió la finca a un promotor,
propietario de la mercantil Edén del Mar, al que antes
había adjudicado una urbanización en Torrevieja. Este
promotor participó luego en un proyecto para urbanizar 19
millones de m2 en Almoradí que incluían el terreno adquirido por el alcalde. (22/02/06)
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